Delcy Rodríguez admite que la Ley contra el Odio fue aplicada de forma abusiva y pide una reforma urgente
Redacción Web
29 de septiembre de 2026
Delcy Rodríguez admite que la Ley contra el Odio fue aplicada de forma abusiva y pide una reforma urgente

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reconoció este martes que la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada en 2017, fue utilizada de forma inadecuada y terminó generando abusos durante su aplicación, informa ABC.

Durante un acto con caficultores en el estado Portuguesa, Rodríguez afirmó que la normativa no siempre se utilizó de acuerdo con el propósito para el cual fue creada. “Lamentablemente fue mal aplicada, se hizo un uso abusivo de esa ley”, declaró la mandataria.

Las afirmaciones ocurrieron el mismo día en que solicitó formalmente a la Asamblea Nacional una reforma parcial con carácter de urgencia de esa legislación, una de las normas más cuestionadas por organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores de la oposición.

Ley contra el Odio y el rosario de violaciones a los derechos humanos del chavismo

 

Rodríguez informó que la modificación forma parte de un proceso orientado a la transformación del sistema de justicia penal venezolano. Mediante una carta difundida en Telegram, explicó que la propuesta pretende avanzar en la despenalización de conductas contempladas actualmente en la ley y favorecer mecanismos orientados a la convivencia democrática.

La mandataria señaló que el objetivo consiste en fortalecer procesos de reconciliación y reencuentro entre los venezolanos. Sin embargo, defendió los principios fundamentales del instrumento legal.

Rodríguez sostuvo que la norma nació con la intención de promover valores como la tolerancia, el respeto y la convivencia pacífica. “Yo creo en los principios de esa ley, el principio de la tolerancia, el principio del amor (…) que no se imponga el odio sino que podamos convivir”, expresó.

La Ley contra el Odio entró en vigor en noviembre de 2017 tras su aprobación por la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el chavismo. La normativa estableció penas de hasta 20 años de prisión para los llamados delitos de odio.

Organizaciones y oposición denunciaron durante años el uso político de la normativa

Desde su promulgación, diversas organizaciones nacionales e internacionales cuestionaron la ley por considerar que podía limitar el ejercicio de la libertad de expresión. La principal coalición opositora la calificó durante años como parte de un marco legal represivo, mientras organizaciones de defensa de derechos humanos denunciaron presuntas aplicaciones arbitrarias contra periodistas, activistas y ciudadanos críticos del poder.

La ONG Espacio Público aseguró en anteriores informes que la normativa había servido para perseguir expresiones consideradas incómodas para determinados sectores políticos. Las declaraciones de Delcy Rodríguez representan uno de los reconocimientos más explícitos realizados por una alta figura del chavismo sobre los problemas asociados a la aplicación de la ley.

Además, coinciden con las discusiones desarrolladas dentro del proceso de diálogo político que mantienen el Gobierno y sectores de la oposición. Ya en febrero, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, había admitido públicamente la posibilidad de revisar la normativa debido a los cuestionamientos relacionados con su aplicación práctica.

La eventual reforma podría convertirse en uno de los cambios legislativos más relevantes dentro de las negociaciones orientadas a ampliar las garantías políticas, civiles y de libertad de expresión en Venezuela.

 

CON INFORMACIÓN DE: ABC.

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Redacción Web