IPYS: Régimen cerró seis radioemisoras en lo que va de año
Whinder Castrillo
6 de julio de 2022
IPYS: Régimen cerró seis radioemisoras en lo que va de año

Información IpysVenezuela

Las acciones de persecución y censura continuaron obstaculizando el trabajo de periodistas, activistas, medios de comunicación y organizaciones que se dedican a informar y denunciar. Al cierre del primer semestre de 2022, IPYS Venezuela constató 73 casos que comprendieron 108 vulneraciones a las garantías informativas. Solo 12 de estas limitaciones, agrupadas en siete casos, ocurrieron en el mes de junio. Del total de estos acontecimientos, 48 sucedieron en entornos tradicionales y 25, en el escenario digital.

Entre enero y junio, se registraron tres de las violaciones más graves hacia trabajadores de la prensa cuando ocurrieron un asesinato, una desaparición forzada y una detención arbitraria, a las cuales se sumaron 28 acciones de discurso estigmatizante, 28 agresiones y ataques, 24 hechos de censura, 18 restricciones de acceso a la información, cinco hechos de uso abusivo del poder estatal y dos procesos penales. El mes con más limitaciones a la prensa fue enero, con 20 casos y 27 vulneraciones, ocho de ellas vinculadas con las elecciones regionales del estado Barinas efectuadas el 9 de ese mes.

El hostigamiento y los mecanismos de silenciamiento en los primeros seis meses del año afectaron a 71 trabajadores de la prensa, cinco activistas por los derechos humanos, cuatro articulistas, 38 medios de comunicación, cinco organizaciones defensoras de derechos humanos y una organización gremial. 50 de estas víctimas son hombres y 30, mujeres. Los principales ejecutores de estos actos fueron los efectivos de seguridad del Estado, en 17 ocasiones, seguidos por los simpatizantes oficialistas (15), la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y sus funcionarios (7) y actores desconocidos (7).

Barinas fue la entidad con más limitaciones a la prensa registradas, con un total de 10 casos. Le siguieron el Área Metropolitana de Caracas (7), Apure (4), Táchira (4), Cojedes (3), Anzoátegui (2), Guárico (2), Lara (2), Portuguesa (2), Yaracuy (2) y Carabobo, Delta Amacuro, Falcón, Mérida y Nueva Esparta con un incidente en cada región.

Se cumplen más de cinco meses del asesinato del comunicador popular José Gregorio Urbina, director de la emisora comunitaria Frontera 92.5 FM y militante del Partido Comunista de Venezuela (PCV), sin que hasta ahora se conozcan los responsables del hecho ni el Ministerio Público se haya pronunciado sobre las investigaciones del caso. El homicidio de Urbina ocurrió la noche del 10 de enero en su vivienda en Puerto Páez, estado Apure.

El Informe actualizado de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, que abarca desde el 1 de mayo de 2021 hasta el 30 de abril de 2022 y que fue presentado el 29 de junio en el 50° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, señala que su oficina siguió documentando casos de hostigamiento, censura y confiscación de equipos de medios de comunicación, así como relatos de autocensura por temor a represalias. Sobre este reporte de Michelle Bachelet, Diosdado Cabello, diputado a la Asamblea Nacional de 2020 y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), declaró el 27 de junio, durante la rueda de prensa semanal de su partido, que “en Venezuela hay absoluta libertad de expresión (…). Es ridículo el planteamiento de la señora [Bachelet] de decir que en Venezuela hay violaciones de los derechos humanos en lo que se refiere a libertad de expresión”.

Otra de la denuncias de la Alta Comisionada fue el proceso judicial arbitrario y con medidas excesivas que constituyó la adjudicación del edificio y las parcelas del diario El Nacional a Diosdado Cabello, como parte de la condena impuesta al medio por supuestos daños morales al actual diputado a la Asamblea Nacional, quien en 2015 introdujo una demanda contra el rotativo luego que difundiera un reportaje del diario español ABC en el que se vincula al número dos del chavismo con el narcotráfico. Esta medida, conocida públicamente el 7 de febrero de 2022, fue ejecutada por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas.

Durante el mes de junio también se hizo del conocimiento público el informe de transparencia de la empresa transnacional Telefónica, filial de Movistar Venezuela, donde se reveló que más de 1.5 millones de sus usuarios en el país son vigilados a través de las telecomunicaciones y los servicios que presta la empresa a petición del Estado venezolano. La publicación de este documento confirma que las comunicaciones de más de 21% de los clientes de Movistar en el territorio son interceptadas, y sus datos de abonados entregados a los cuerpos de seguridad y a representantes de la justicia, bajo el argumento del cumplimiento de normativas venezolanas, situación que eleva la preocupación de la población ante el irrespeto de los estándares internacionales de privacidad y datos de los ciudadanos. Con el informe, la empresa de telecomunicaciones también afirmó que ha aplicado bloqueos a páginas web de forma constante desde al menos 2016. Lo que convalida las denuncias que las organizaciones de la sociedad civil han realizado reiteradamente, como el reciente balance de IPYS Venezuela donde se comprobó que Movistar aplicó bloqueos a 17 de 45 dominios monitoreados por esta organización durante la última semana de mayo.

La Conatel cerró seis emisoras de forma arbitraria entre enero y junio de 2022, las mismas quedaron registradas en los estados Guárico (Éxitos 90.5 FM y Calle 98.5 FM), Anzoátegui (Activa 89.3 FM), Barinas (Topacio 101.5 FM), Portuguesa (Triunfo 99.3 FM ) y Yaracuy (Mix 98.3 FM). Esta última fue cerrada el miércoles 13 de abril posterior a la visita de una comisión del ente censor conformado por tres funcionarios quienes alegaron “razones administrativas” para ejecutar la medida. Aunque no hubo decomiso de los equipos, aproximadamente 10 personas quedaron sin empleo tras la acción de la Conatel, tal como confirmó un trabajador del medio que prefirió no revelar su identidad por motivos de seguridad. Si bien esta emisora no contaba con programas de corte informativo, su señal cubría los municipios Independencia, San Felipe y Cocorote que forman parte del área metropolitana de la entidad yaracuyana.

Sobre las medidas arbitrarias contra los medios radiales, la alta comisionada Michelle Bachelet exhortó al gobierno venezolano en su último informe a que “Garantice que todas las solicitudes de licencias de radiodifusión, incluidas las renovaciones, se tramiten en estricto cumplimiento de todas las normas aplicables y teniendo debidamente en cuenta los estándares y el derecho internacional de los derechos humanos, incluidas las debidas garantías procesales y el derecho a la libertad de expresión”.

El miércoles 15 de junio se cumplieron cinco años del cierre arbitrario de ULA TV, televisora perteneciente a la Universidad de Los Andes, por orden de la Conatel en el estado Mérida. En 2017 le fueron decomisados sus equipos e iniciado un procedimiento arbitrario que para la fecha en que se publica este reporte se desconocen los avances. ULA TV ha sido la primera y única televisora universitaria del país, cuyo funcionamiento comenzó en 1999 y estuvo al aire por más de 15 años.

Entre las campañas de difamación contra la labor periodística destacaron las amenazas y señalamientos de Pedro Carvajalino, comunicador adepto al chavismo, y otros simpatizantes oficialistas a través de Twitter contra el reportero Roberto Deniz y el equipo del portal Armando.Info por su trabajo investigativo sobre Alex Saab, empresario colombiano vinculado a la administración de Nicolás Maduro.

También fueron frecuentes los actos intimidatorios por parte de funcionarios públicos y otros actores contra reporteros, durante la cobertura de eventos electorales o hechos noticiosos en la calle. Estos incidentes ocurrieron en los estados Anzoátegui, Cojedes, Delta Amacuro, Lara, Nueva Esparta, Táchira y el Área Metropolitana de Caracas. Igualmente, las limitaciones para reportar en instituciones públicas y eventos de interés social se registraron en Apure, Barinas, Cojedes, Falcón, Lara, Mérida, Táchira y el Área Metropolitana de Caracas.

En lo que va de 2022, las fallas de estructura que afectaron las telecomunicaciones y la transmisión de información fueron constantes. Las causas más comunes de estos 148 casos registrados por IPYS Venezuela fueron incidentes de origen desconocido (77), apagones y cortes eléctricos (48) y cortes de fibra óptica (22). No solo el deterioro del sistema eléctrico nacional y el vandalismo representan un obstáculo, sino que la falta de declaraciones por parte de proveedores y autoridades competentes es frecuente, así como insuficientes las soluciones. Las entidades con más incidentes fueron el Área Metropolitana de Caracas (31), Falcón (28), Carabobo (23), Lara (23), Miranda (23), Aragua (22) y Táchira (21).

Los patrones de persecución contra la libertad de prensa registrados en el primer semestre de 2022 exponen la desaprobación y la asfixia del poder contra quienes se atreven a denunciar y a informar. Igualmente, la interceptación arbitraria de las telecomunicaciones es una violación a la privacidad de los ciudadanos. Estas acciones de asedio, intimidación y hostigamiento, principalmente ejecutadas por el Estado venezolano y simpatizantes del gobierno, representan un riesgo para el trabajo y la integridad física de quienes ejercen la labor periodística en el país.

Whinder Castrillo