El Gobierno del Perú aprobó  un decreto que modifica la Ley de Migraciones e implementa un procedimiento exclusivo que permitirá deportar, en solo 48 horas, a extranjeros en situación irregular.

El presidente del Consejo de Ministros de ese país, Alejandro Otárola, afirmó  que, gracias a esta norma, la Policía Nacional (PNP) podrá retener preliminarmente a los ciudadanos indocumentados y someterlos a un Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PAS), a cargo de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

En una sola audiencia, este organismo dispondrá de otras 24 horas para determinar la expulsión o el impedimento de ingreso al país, y remitirá la resolución a la División de Extranjería de la PNP para que aplique la sanción.

El funcionario aseguró que se trata de un proceso “respetuoso de los derechos humanos, a la doble instancia y al debido proceso de los extranjeros en esta condición”, tal como lo demandan los tratados internacionales.

“Acá vienen las personas que nuestro país admite que vengan, no es un país al que pueda ingresar quien le dé la gana vulnerando las normas, acá lo que hay que asegurar es la paz y la seguridad de 33 millones de peruanos”, aseveró.

Para Claudia Vargas, socióloga, investigadora y especialista en migración, las medidas adoptadas en Perú, vulneran los derechos humanos de los migrantes. Yo creo que ha habido como varias medidas, si se quiere en cadena, que han estado tomando diferentes países, los cuales han estado basados en acuerdos entre comillas migratorios que han hecho con el Gobierno venezolano (…) En el caso de Perú, nos llama muchísimo la atención por el tema de los derechos humanos y en Perú hay muchísimas cosas, pero yo creo que lo primero que tenemos que considerar. Desde el 2019 hay restricciones para la entrada de venezolanos, en un país que es el segundo principal receptor de la región y que figura entre en el informe Internacional para las Migraciones de las principales peticiones de asilo y refugio de población”, aseguró.

Asimismo recalcó que dichas medidas traen consigo problemas administrativos, al tiempo que sostuvo que por mucho que se endurezcan, no frenarán el movimiento migratorio. “Entre más restricciones a la movilidad haya, lo que genera es mayor vulneración para las personas que se desplazan”, agregó.

Vargas subrayó que con la modificación de la Ley de Migraciones, Perú criminaliza la migración y aseveró que es necesario que todos los países receptores de migrantes trabajen en el diseño y aplicación de medidas de largo plazo.

“Estas medidas condenan precisamente un estatus administrativo (…) Muchas de estas personas han tenido que salir sin documentación. No ha habido una medida a largo plazo, por ejemplo, como el Estatuto Temporal de Protección que se está tratando de llevar a cabo en Colombia. ¿Por qué los países no están pensando en que en que Venezuela retorne a la Comunidad Andina para que pueda haber un proceso de regularización de venezolanos? Sabemos que no es tan simple pero, ¿por qué los países no están hablando de medidas que sean más duraderas en el tiempo, considerando que esta migración no se va a detener?, concluyó.

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