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Al menos 1.414 personas en Venezuela murieron a manos de los cuerpos de seguridad del Estado en 2021, en presuntas ejecuciones extrajudiciales, según datos del proyecto Lupa por la Vida, que llevan en conjunto el Centro Gumilla y la ONG Provea.
Sin embargo, el año pasado hubo un descenso de más de 50 % en el número de asesinatos en comparación con el 2020, cuando se registraron 3.034 muertes, informó el padre Alfredo Infante, director de Lupa por la Vida, durante la presentación del informe anual que se realizó este lunes 14 de marzo.
Infante explicó que Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue el órgano más letal, con una cuenta de 347 víctimas que representan el 25 % de todas las contabilizadas. Al Cicpc le sigue la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con 198 homicidios y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con 152 casos.
Marino Alvarado: Existe una relación directa entre el informe de La Misión de Determinación de Hechos y la baja de ejecuciones en los meses siguientes. En septiembre, octubre, noviembre y diciembre hubo bajas significativas en las ejecuciones.
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«Recientemente la organización Cepaz totalizó 290 mujeres víctimas de feminicidios. En nuestro monitoreo aparecen 14 víctimas mujeres. Es decir, que de 290 feminicidios, el 5 % están como presuntas ejecuciones extrajudiciales», señaló el sacerdote. Además, destacó que el 98,96 % de los casos contabilizados eran hombres y que la mayoría vivía en sectores populares. También afirmó que 13 fallecidos eran personas menores de 18 años.
«Estamos desde los barrios sometidos a un continuo Caracazo, donde se ejecutó a gran parte de la población de los sectores populares. Hoy esa política sigue a través de los operativos. La población identificada entre 18 y 30 años representa un 66 % de las víctimas. Nos preocupa el patrón de criminalización de los jóvenes de nuestros barrios», expresó Infante.
Así mismo, las entidades en el país donde hubo mayor número de víctimas son Zulia (234), Carabobo (221), Aragua (158), Anzoátegui (119) y Distrito Capital (115).
Las masacres de 2021
Infante recordó que hubo dos masacres significativas ocurridas en 2021. Una de ellas en La Vega y la otra en El Ripial. La primera data del 8 de enero de 2021, cuando más de trescientos funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la PNB recorrieron las calles Zulia, El Carmen, Independencia y Las Margaritas de la parroquia La Vega, al oeste de la capital de Venezuela, y asesinaron a 23 jóvenes en un operativo policial, de acuerdo con datos de Provea.
La segunda ocurrió en Apure, al suroccidente venezolano, donde resultaron muertos al menos cinco civiles identificados como «guerrilleros», también a manos de las Faes, el 25 de mayo.
«La Faes venía siendo un escuadrón de la muerte, que operaba todos los días en nuestro país. Todavía sigue operativa. No está totalmente disuelta, pero se ha reducido su participación», aseguró Marino Alvarado, director de exigibilidad de Provea.
Infante y Alvarado denunciaron el silencio del Estado frente a las decenas de denuncias de los familiares de las víctimas, que hasta el día de hoy no tienen respuesta. Tampoco hay juicios o procesos legales en curso, a pesar de que Provea señaló a 19 presuntos responsables de los asesinatos de la masacre de la Vega.
Reorganización de los cuerpos de seguridad
El vocero de Provea indicó que el gobierno venezolano anunció una reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana. No obstante, no hay información clara sobre la reorganización de funcionarios.
«Es una reestructuración completamente ilegal que está dirigida por militares. Los tres principales responsables del proceso son generales», dijo.
Exhortó a que el Estado venezolano informe mensualmente sobre las víctimas de la violencia policial. Así mismo, aseguró que hay una relación directa entre el desmantelamiento progresivo de las Faes (una medida gubernamental que no se ha hecho pública) y la disminución de ejecuciones extrajudiciales.
«Se tuvo conocimiento de fuentes provenientes de la PNB sobre la disminución de número de policías de las Faes, la reorientación de su actuación y la reducción de su participación en operativos. Así mismo, una parte del personal pasó a conformar la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (Dcdo, y otro, la Dirección de Investigaciones Penales (Diep), ambas instancias de la propia PNB», reza el informe de Lupa por la Vida.
Recomendaciones y exigencias al Estado
Alvarado ratificó la necesidad de la disolución total de las Faes, siguiendo la recomendación realizada en 2019 por Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
«Exhortamos a las instituciones del Estado a que se investiguen las presuntas ejecuciones que han ocurrido en el país. No solamente los autores materiales, sino las cadenas de mando», expresó el director.
Recordó que el gobierno tiene la obligación de iniciar investigaciones, porque los asesinatos cometidos por cuerpos de seguridad son considerados crímenes de lesa humanidad.
«Ser joven y vivir en un barrio es de alto riesgo en Venezuela en este momento. Si, además, ese joven tiene algún antecedente policial, las posibilidades de que sea asesinado por militares o policías es altísima», puntualizó.
