La Misión de la ONU sobre Venezuela presentó el 18 de septiembre su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos. El documento examinó las violaciones de derechos humanos registradas entre septiembre de 2025 y agosto de 2026.
La investigación también estudió la continuidad del aparato represivo estatal y los vínculos entre colectivos y autoridades. Según la Misión, Venezuela registró cambios limitados después de enero, pero las estructuras represivas conservaron elementos fundamentales, reseña DW EN ESPAÑOL.
El organismo documentó menos detenciones prolongadas y algunas liberaciones, pero descartó una transformación institucional profunda.
ONU señala continuidad del aparato en Venezuela
La Misión Internacional de Determinación de los Hechos afirmó que las instituciones vinculadas con abusos graves permanecen intactas. Sofía Macher, presidenta de la Misión, señaló que la reducción de algunas formas represivas no transformó el sistema.
Según Macher, cualquier apertura continuará expuesta a cambios mientras no exista una reforma institucional sostenible. La Misión también identificó leyes utilizadas para criminalizar la disidencia que todavía permanecen vigentes.
Además, los cuerpos de seguridad e inteligencia mantienen estructuras, políticas y prácticas esencialmente similares, según el informe. El organismo registró también detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos contra personas vinculadas con actividades políticas.
El informe menciona casos en los centros penitenciarios El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro. La investigación documentó prácticas como aislamiento prolongado, privación de alimentos y condiciones degradantes para algunos detenidos.
La Misión afirmó que cientos de personas permanecen detenidas por motivos políticos, según sus hallazgos. El informe también examinó la permanencia de funcionarios vinculados con violaciones de derechos humanos en posiciones relevantes.
La investigación identificó al menos doce personas señaladas previamente por su participación en abusos o crímenes. Entre los nombres mencionados aparecen Diosdado Cabello, Gustavo González López, Vladimir Padrino López y Alexander Granko Arteaga.
La Misión también incluyó referencias a integrantes de organismos de seguridad e inteligencia dentro de sus hallazgos.
Colectivos mantienen vínculos con estructuras del Estado
La investigación dedicó un documento específico a los colectivos armados civiles y sus relaciones con autoridades venezolanas. La Misión afirmó que esos grupos cumplen funciones relacionadas con vigilancia, inteligencia y control social.
El organismo también señaló que algunos colectivos recibieron armas, municiones, motocicletas y equipos de comunicación. Según sus conclusiones, esas herramientas facilitaron actividades de intimidación y participación en operaciones contra opositores.
La Misión sostuvo que los colectivos permanecen activos y no han recibido un proceso de desarme o desmantelamiento. El informe también documentó su presencia en labores de vigilancia dentro de comunidades y espacios sociales.
Además, algunos grupos controlaron servicios comunitarios y utilizaron esos espacios para premiar apoyos políticos. La investigación estableció distintos vínculos entre los colectivos y organismos estatales, según las funciones documentadas.
El organismo concluyó que determinadas actuaciones de estos grupos pueden atribuirse al Estado cuando reciben instrucciones o control oficial. También señaló que el Estado mantiene obligaciones para prevenir, investigar y sancionar abusos cometidos por estos grupos.
La Misión presentó esas conclusiones dentro de un estudio específico sobre los colectivos y sus vínculos institucionales. El Consejo de Derechos Humanos recibió ambos documentos durante la sesión celebrada en Ginebra el 18 de septiembre.
Informe de la ONU plantea desafíos para la transición
La transición política de Venezuela enfrenta, según el informe, obstáculos relacionados con la permanencia de estructuras institucionales. La Misión pidió reformas que garanticen independencia judicial y cambios efectivos dentro de los organismos de seguridad.
También reclamó investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos y sanciones contra los responsables. Sofía Macher advirtió que una apertura puede permanecer frágil y reversible sin esas transformaciones.
El informe apareció después de la intervención militar estadounidense del 3 de enero y la captura de Nicolás Maduro. La Misión calificó ese episodio como contrario al derecho internacional, según su presentación ante el Consejo.
Desde enero, las autoridades liberaron a cientos de personas detenidas por razones políticas, según los investigadores. También aumentó el espacio para algunas protestas, reuniones públicas y actividades de la sociedad civil.
Sin embargo, la Misión consideró insuficientes esos cambios frente a la continuidad de las estructuras estatales. El organismo pidió restaurar el espacio cívico, la libertad de prensa y procesos políticos inclusivos.
La posición del informe también recibió respaldo internacional durante el debate celebrado en el Consejo de Derechos Humanos. La Unión Europea pidió mantener los mecanismos de derechos humanos y reclamó acceso pleno para la Misión.
Además, solicitó acceso sin restricciones a los centros de detención en todas las regiones venezolanas. El Gobierno venezolano, por su parte, cuestionó la continuidad de la Misión y pidió concluir su mandato.
Durante el debate, la delegación venezolana defendió el diálogo internacional y rechazó mecanismos que consideró incompatibles con la soberanía nacional. El informe deja así un registro actualizado sobre derechos humanos, seguridad, justicia y colectivos dentro del proceso político venezolano.
Sus conclusiones sitúan la reforma institucional y la rendición de cuentas entre los asuntos centrales del actual escenario venezolano.
CON INFORMACIÓN DE: DW EN ESPAÑOL.
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