La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) registró durante 2022 un total de 2.203 víctimas de violaciones a la integridad personal, de los cuales 91 fueron casos de tortura, de acuerdo con su informe anual presentado este martes.
“En 2022, se registraron 2.203 víctimas de violaciones al derecho a la integridad personal, lo cual supone un aumento de 68,6 % con respecto a 2021. 91 personas fueron víctimas de tortura”, de las que dos fallecieron a causa del daño ocasionado, señaló la coordinadora de investigación de la ONG, Lissette González, en la presentación del balance anual.
Asimismo, dijo que la mayoría de estas personas son víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles venezolanas.
“Las condiciones de reclusión, no solo de los presos políticos sino de todos los presos en el país, generan este patrón masivo de violaciones de derechos humanos”, añadió la coordinadora de investigación de Provea.
Condiciones de reclusión dignas
La ONG exhortó a las autoridades a “extremar los esfuerzos” y destinar el máximo de recursos necesarios para garantizar condiciones de reclusión dignas.
“El irrespeto a la dignidad humana derivado del hacinamiento carcelario, las malas condiciones de reclusión, sanciones disciplinarias abusivas, falta de atención médica, ausencia de alimentación adecuada y agua potable, y carencia de recursos para atender las necesidades básicas de las personas detenidas, vulnera las garantías previstas en la Constitución”, prosigue el escrito.
Provea pidió que se permita el ingreso de representantes de diversos mecanismos del Sistema Universal de Derechos Humanos, incluyendo al equipo de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela de la ONU y el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a las cárceles del país para constatar el estado en el que se encuentran los privados de libertad.
Investigación de la CPI sobre víctimas de crímenes de lesa humanidad
El 21 de abril, la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI) finalizó la evaluación de las denuncias presentadas por representantes legales y víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En el informe que presentó el organismo, se detalla que entre las víctimas de esos delitos habría más de 8.000 individuos, 2 organizaciones y más de 600 familias.
La Sala de Cuestiones Preliminares primera del organismo invitó a las presuntas víctimas y sus representantes legales a completar las planillas y enviarlas entre el 18 de noviembre de 2022 y el 7 de marzo de 2023. Sin embargo, la recepción comenzó en diciembre.
El organismo recibió más de 2.000 formularios de denuncias, pero fueron analizadas 1.746. De acuerdo con la CPI, toda esa información es estrictamente confidencial y está en la base de datos a la que solo tiene acceso el personal de la corte.
Con información de El Diario
