La experta en geopolítica y petróleo analiza el acuerdo anunciado por Donald Trump y Delcy Rodríguez. Advierte que, más allá de los 65.000 millones de barriles involucrados, Venezuela llega a esta negociación después de años de endeudamiento, deterioro de PDVSA y pérdida de confianza internacional.
El nuevo acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos debe analizarse mucho más allá de sus cifras. Esa es una de las principales conclusiones de la especialista en contratos de exploración y producción petrolera. Sarah Moya, quien cuestiona tanto las interpretaciones triunfalistas como las críticas simplistas que han surgido tras el anuncio del pacto.
El 28 de agosto, Donald Trump anunció que Estados Unidos había alcanzado un acuerdo con Venezuela para obtener control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas, distribuidos en 17 campos petroleros. El gobierno de Delcy Rodríguez confirmó el acuerdo y habló de más de 100.000 millones de dólares en inversiones y más de 209.000 millones en tributos para el Estado venezolano.
Sin embargo, los detalles jurídicos y operativos del acuerdo todavía generan interrogantes. Reuters señaló que la estructura contempla varios niveles de negociación y que todavía existen dudas sobre su forma jurídica, los operadores involucrados y los mecanismos concretos para desarrollar los campos.
Para Moya, ese contexto resulta fundamental. “El rol no es de si está bien o está mal. Es cómo llegamos aquí y qué es lo que realmente significa para el país y más allá del país”, explica.
Venezuela llega a la negociación desde una posición de debilidad
Para la experta, el punto de partida para entender el nuevo escenario está en 2005. Ese año comenzó un proceso de migración de contratos petroleros hacia empresas mixtas. Moya asegura que participó directamente en algunas de esas negociaciones. A partir de entonces, sostiene, comenzó también un proceso que terminaría debilitando la capacidad financiera y negociadora de Venezuela.
“Si no hubiésemos comenzado las migraciones a empresas mixtas a partir del año 2005, no estuviésemos aquí hoy en día”, afirma.
Su argumento no se limita a la estructura de los contratos. Moya señala también las expropiaciones, el endeudamiento, los conflictos con empresas internacionales y el deterioro progresivo de las operaciones petroleras.
El resultado, según su análisis, fue una Venezuela cada vez más endeudada y con menos capacidad para atraer capital. “Venezuela no tiene poder de negociación”, sostiene. Y explica por qué:
El país debe enormes cantidades de dinero. Al mismo tiempo, el riesgo que representa invertir en Venezuela y negociar con PDVSA continúa siendo muy elevado.
“Para poder solucionar hay que empezar a entender qué pasó y asumir responsabilidades”, afirma.
El problema comenzó antes de las sanciones
Uno de los elementos más importantes de su análisis es que Moya no atribuye la crisis petrolera exclusivamente a las sanciones internacionales.
Para ella, hay que mirar mucho más atrás.
Recuerda que varias compañías internacionales terminaron recurriendo al arbitraje después de los cambios en las condiciones de sus contratos.
Menciona a ConocoPhillips y ExxonMobil, entre otras empresas que enfrentaron disputas con Venezuela. Mientras algunas compañías abandonaron el país, otras permanecieron.
Pero el problema financiero continuó. Moya sostiene que PDVSA asumió obligaciones que luego no pudo cumplir adecuadamente.
Y pone especial énfasis en un aspecto que suele quedar fuera del debate político: el mantenimiento de los campos petroleros. Un campo necesita inversión permanente.
Hay que mantener equipos, infraestructura y sistemas de producción. Cuando ese mantenimiento no se hace, la producción termina deteriorándose.
“Empezaron a no pagar los mantenimientos, a no hacer los mantenimientos”, relata.
Y el resultado fue acumulativo. Deuda sobre deuda. Cuando una empresa se endeuda y deja de tener capacidad para pagar, su margen de negociación se reduce.
Para Moya, eso ayuda a explicar por qué Venezuela se encuentra ahora en una situación en la que necesita desesperadamente capital extranjero.
¿Por qué Estados Unidos quiere entrar en Venezuela?
Moya propone mirar el problema también desde la perspectiva estadounidense. Aclara que no está justificando a Washington. Se coloca, según sus propias palabras, en el papel de “abogado del diablo”.
La pregunta que plantea es sencilla: Si una empresa estadounidense va a invertir miles de millones de dólares en Venezuela, ¿cómo puede confiar en un país que anteriormente cambió las reglas de juego?
“¿Cómo creo en ti y cómo confío en ti cuando tú tienes un antecedente de haberme cambiado las reglas cada vez que se te antoja?”, plantea.
Desde esa perspectiva, Estados Unidos busca dos cosas fundamentales: acceso y seguridad. El nuevo acuerdo responde, al menos en parte, a esa necesidad.
El gobierno estadounidense ha presentado el pacto como una forma de garantizar acceso a petróleo venezolano y aumentar la producción. Caracas, por su parte, lo presenta como una oportunidad para atraer inversiones y reconstruir su industria petrolera. Pero Moya advierte que ambas partes llegan a la mesa con intereses diferentes.
Estados Unidos busca petróleo. El chavismo busca sobrevivir
Aquí aparece uno de los aspectos políticos centrales de su análisis.
Moya pide no interpretar el acuerdo solamente como una negociación entre Washington y el gobierno de Delcy Rodríguez.
Ella considera que hay que mirar al chavismo como estructura política.
Su objetivo, afirma, ha sido la longevidad. Es decir, permanecer en el poder. “El régimen tiene un objetivo y no es ahorita. O sea, es desde Chávez”, explica.
Para Moya, el chavismo ha demostrado que puede cambiar sus alianzas y adaptar sus mecanismos de negociación cuando las circunstancias lo exigen. Lo importante es conservar el poder.
Primero fueron las alianzas con determinados países. Luego Rusia y China adquirieron un papel estratégico. Ahora aparece una nueva relación con Estados Unidos.
La lógica, según Moya, no necesariamente cambia. Cambian las circunstancias. Cambian los socios. Cambian las condiciones. Pero permanece el objetivo de supervivencia política.
“Si para mantenerse en el poder el régimen tiene que negociar otras condiciones de acceso, lo va a hacer”, resume.
Chevron no es igual que una empresa pequeña
Moya introduce otro elemento que considera esencial para entender el futuro de la inversión petrolera venezolana.
No todas las compañías tienen la misma capacidad para asumir riesgos.
Pone como ejemplo a Chevron. Recuerda que la compañía estadounidense participó en las negociaciones de 2005 y que tenía una relación mucho más amplia con Venezuela.
Menciona a Ali Moshiri, quien dirigía entonces ChevronTexaco y participó en negociaciones relacionadas con la migración de contratos.
Moya también recuerda que Chevron tenía otros negocios con Venezuela. Entre ellos, la venta de gas.
Por eso considera que Chevron contaba con una estructura y una capacidad financiera que le permitían soportar mejor posibles incumplimientos.
Pero ese no es necesariamente el caso de las empresas pequeñas y medianas que ahora podrían sentirse atraídas por la apertura venezolana.
“Las medianas y pequeñas empresas que son las que están queriendo ser atraídas hoy en día no tienen ese colchón para que mañana Venezuela vuelva y les incumpla”, advierte.
Ese punto puede resultar decisivo para el futuro de la industria. Porque atraer inversión no significa simplemente anunciar grandes reservas.
También hay que conseguir que los inversionistas crean que podrán recuperar su dinero y operar bajo reglas estables.
Una licencia de OFAC no elimina el riesgo
Moya también cuestiona la idea de que las nuevas autorizaciones estadounidenses resuelvan automáticamente el problema de confianza.
Las empresas que quieran operar en Venezuela pueden depender de licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, OFAC.
Pero esas licencias pueden cambiar. Por eso utiliza una comparación muy gráfica: “Hoy está y mañana no.”
En su opinión, una licencia no puede sustituir un sistema jurídico sólido. Los inversionistas necesitan contratos claros. Necesitan garantías. Necesitan mecanismos para resolver disputas.
Y necesitan saber qué ocurrirá si mañana cambia nuevamente el escenario político.
Todavía no conocemos todas las condiciones del acuerdo
Moya pide cautela también frente a las cifras que han dominado el debate.
El anuncio habla de 65.000 millones de barriles y 17 campos. También se han mencionado inversiones superiores a 100.000 millones de dólares y una meta de producción de hasta 1,5 millones de barriles diarios.
Pero el texto completo del acuerdo no se ha hecho público. Esa ausencia es uno de los principales puntos de incertidumbre.
Factchequeado también ha señalado que buena parte de los detalles conocidos han surgido de declaraciones oficiales y reportes periodísticos, mientras que no se ha publicado un documento completo que permita revisar todos los términos del pacto. Reuters, además, ha advertido sobre dudas relacionadas con la estructura jurídica y operativa del acuerdo.
Por eso Moya insiste: “Lo que hay es un acuerdo, un anuncio político. Por ahora no tenemos un contrato que podamos ver las minucias.” Para ella, esa diferencia es fundamental.
Un anuncio puede establecer grandes objetivos. Un contrato establece obligaciones.
Y son esas obligaciones las que finalmente determinan quién asume los riesgos, quién controla las operaciones, cómo se distribuyen los ingresos y qué ocurre ante un incumplimiento.
El petróleo venezolano siempre ha sido también una herramienta geopolítica
Moya considera además que no se puede estudiar la historia petrolera venezolana únicamente desde una perspectiva económica.
El petróleo ha sido utilizado como instrumento de política exterior.
Recuerda las alianzas establecidas durante el chavismo y menciona episodios relacionados con Uruguay, Cuba e Irán.
Su argumento es que PDVSA fue utilizada no solamente como empresa petrolera, sino también como instrumento para construir alianzas estratégicas.
Para ella, esa es una de las claves que permiten entender cómo Venezuela llegó hasta el escenario actual.
Habla de tres elementos que deben estudiarse.
El primero es la estrategia jurídica desarrollada alrededor de PDVSA.
El segundo son las alianzas estratégicas construidas utilizando a la petrolera estatal.
Y el tercero se relaciona con los mecanismos mediante los cuales el régimen ha utilizado esas estructuras para negociar y preservar su posición.
Moya sostiene que comprender esa arquitectura resulta indispensable para cualquier estrategia futura.
“No los vamos a sacar” sin entender cómo funcionan
La experta lleva su análisis más allá del acuerdo petrolero.
Considera que quienes quieren producir un cambio político en Venezuela deben entender primero cómo funciona el chavismo.
“Hasta que no entendamos cuál es el objetivo, cómo maniobran ellos, no los vamos a sacar”, afirma.
Su conclusión es que no basta con sustituir una figura política por otra.
Tampoco basta con cambiar de socio internacional.
El chavismo, según su interpretación, ha demostrado capacidad para adaptarse a diferentes escenarios. Por eso insiste en estudiar sus estrategias de fondo.
Transparencia: una condición indispensable
La última advertencia de Moya apunta directamente a cualquier futura negociación política y económica.
En su opinión, Venezuela no debería negociar con personas o estructuras opacas.
No importa quién esté en el poder. No importa si se trata de una negociación con Estados Unidos, con la oposición o con cualquier otro actor. La condición fundamental debe ser la transparencia.
“No podemos negociar con gente opaca que no pueda tener trazabilidad bancaria”, sostiene.
Para Moya, esa trazabilidad es esencial. Sin ella, cualquier proceso de reconstrucción puede terminar reproduciendo los mismos problemas del pasado.
El verdadero debate detrás de los 65.000 millones de barriles
La entrevista de Sarah Moya deja una conclusión que va más allá del número que ha dominado las noticias.
Los 65.000 millones de barriles son solamente una parte de la historia. La otra parte es la posición desde la cual Venezuela llega a la negociación.
Un país con una industria petrolera deteriorada. Una PDVSA profundamente debilitada. Una enorme deuda. Una larga historia de conflictos contractuales. Y una confianza internacional que debe reconstruirse.
Al mismo tiempo, Estados Unidos tiene un interés estratégico en garantizar acceso al petróleo venezolano y en aumentar su influencia sobre una industria que posee algunas de las mayores reservas del planeta. El acuerdo anunciado por Trump contempla precisamente una participación estadounidense de largo plazo y el desarrollo de 17 campos.
Por eso, para Moya, la pregunta correcta no es simplemente: ¿El acuerdo es bueno o malo para Venezuela?
La pregunta es otra: ¿Qué cedió Venezuela, qué obtuvo a cambio, qué garantías existen y quién asumirá los riesgos si las reglas vuelven a cambiar?
Mientras esas respuestas no aparezcan en un contrato público y verificable, la experta considera que cualquier conclusión definitiva sería prematura.
Porque, en última instancia, el problema venezolano no consiste solamente en volver a producir petróleo.
Consiste en reconstruir la confianza necesaria para que alguien quiera invertir nuevamente en Venezuela.
Y hacerlo sin repetir las decisiones que, según Moya, llevaron al país a perder buena parte de su capacidad de negociación.
Paredón mediático
Sarah Moya aprovechó esta conversación para remarcar lo que calificó como un ataque concertado que varios medios efectuaron en su contra. Su salida efectiva de PDVSA se produjo el 15 de agosto de 2015, cuando el comercio de gas con Colombia ya estaba suspendido. A partir de marzo de 2016 comenzaron a aparecer publicaciones en medios digitales venezolanos que intentaron vincularla con una trama de corrupción que, según Moya, ella había combatido durante su gestión. Las publicaciones se produjeron en un nuevo escenario político, después de la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 y de la instalación, en enero de 2016, de una Asamblea Nacional de mayoría opositora, puntualizó Moya.
Resumen académico y laboral de Sarah Moya:
Es doctora summa cum laude en Ciencia Política y consultora senior en inteligencia estratégica y geopolítica de la energía, especializada en contratos de exploración y producción (E&P), riesgo soberano y gobernanza de los recursos. Cuenta con más de 15 años de experiencia internacional en análisis estratégico, negociación y dirección operativa en el sector energético, incluida la gestión de un gasoducto binacional Venezuela–Colombia. Es fundadora de Coresight Strategies.
