La también presidenta de la organización Control Ciudadano anunció la decisión a través de sus redes sociales, donde señaló que un tribunal con competencia en materia de terrorismo emitió el fallo absolutorio el pasado jueves.

“Esta decisión ratifica lo que sostuve desde el primer día de mi detención: soy inocente”, expresó la activista. La sentencia pone fin al proceso penal abierto contra San Miguel, quien obtuvo una excarcelación bajo medidas cautelares en enero de este año después de permanecer casi dos años privada de libertad.

La defensora de derechos humanos manifestó además su deseo de que otras personas procesadas en la misma causa también logren revisar sus condenas.

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La Fiscalía asegura que pidió la absolución de San Miguel y otras tres personas

Hoy culmina un duro capítulo mi vida.

El Tribunal 3.º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo hace unos minutos ha dictado sentencia absolutoria, declarándome libre de responsabilidad penal respecto de los cargos formulados en mi…

— Rocío San Miguel (@rociosanmiguel) October 2, 2026

El fiscal general de Venezuela, Larry Devoe, confirmó que el Ministerio Público solicitó formalmente la absolución de Rocío San Miguel y de otras tres personas involucradas en el mismo expediente judicial.

Sin embargo, no reveló la identidad de los otros beneficiarios de la decisión. De acuerdo con Devoe, la misma investigación concluyó con condenas contra otras diez personas, luego de que los tribunales determinaran su participación en los hechos objeto del proceso.

Las autoridades no difundieron detalles adicionales sobre las sentencias emitidas ni sobre la duración de las penas impuestas a los condenados.

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La activista permaneció detenida en El Helicoide y fue acusada de integrar una supuesta trama conspirativa

La causa contra Rocío San Miguel comenzó tras su detención el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía cuando se disponía a viajar junto con una de sus hijas. Posteriormente, la Fiscalía la vinculó con una presunta trama conspirativa que, según la acusación oficial, buscaba atentar contra el entonces presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios del Estado.

Durante gran parte de su proceso permaneció recluida en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas. Diversas organizaciones nacionales e internacionales cuestionaron su detención y solicitaron garantías para el debido proceso, así como su liberación inmediata.

En enero de este año, las autoridades ordenaron su excarcelación y traslado a España junto con otros ciudadanos, aunque meses después regresó a Venezuela.

La absolución de Rocío San Miguel representa uno de los fallos más relevantes relacionados con casos de activistas y defensores de derechos humanos procesados en los últimos años y ocurre en un contexto de debates sobre garantías civiles, Estado de derecho y reformas dentro del sistema de justicia venezolano.